La prescripción, protagonista del primer Encuentro Digital sobre Transparencia y Educación Financiera organizado por ASNEF 28 de octubre de 2021 El sector legal PRESCRIPCIÓN El cambio del plazo de la prescripción de 15 años a cinco en acciones personales y su impacto en el mundo jurídico, el momento en el que debe computar y los créditos revolving fueron abordados durante la ponencia del catedrático Durán Rivacoba.
Encuentro digital GRATUITO «La prescripción de la acción de restitución de efectos derivados de la cláusula declarada nula» 01 de octubre de 2021 El sector legal WEBINAR Dentro del «ciclo de encuentros digitales sobre transparencia y educación financiera», patrocinado por ASNEF con la colaboración de Wolters Kluwer, este primer webinar tendrá lugar el próximo día 7 de octubre
La acción de restitución derivada de la nulidad de la cláusula de gastos hipotecarios está sometida al plazo de prescripción de 5 años del artículo 1964 CC 10 de mayo de 2019 Jurisprudencia CONSUMIDORES Según el criterio fijado por la Audiencia Provincial de Lugo debe aplicarse el plazo de prescripción genérico de 5 años del art. 1964 CC, y el inicio del cómputo se sitúa en el 23 de enero de 2019, fecha de la sentencia en la que el Tribunal Supremo sienta en plenitud doctrina jurisprudencial sobre la cláusula de gastos y los efectos derivados de la misma.
Entra en vigor la ley 1/2017 sobre restitución de bienes culturales sacados ilegalmente de España o de otro país de la UE 20 de abril de 2017 Noticias BIENES CULTURALES Te contamos el contenido y novedades de la Ley 1/2017, de 18 de abril, vigente desde el 20 de abril, que tiene por objeto la regulación de las condiciones de restitución de bienes culturales que hayan salido ilegalmente del territorio español y se encuentren en territorio de otro Estado miembro de la Unión Europea, así como de la acción de restitución que se pueda presentar ante las autoridades españolas sobre los bienes que hayan salido de forma ilegal de un territorio de otro Estado miembro de la Unión Europea y que se encuentren en territorio español. Incorpora al ordenamiento español la Directiva 2014/60/UE, de 15 de mayo de 2014.